Se acabó. No hay vuelta atrás. A las 11:59 de la noche del viernes 10 de noviembre, el gobierno de Dina Boluarte puso fin al proceso de regularización de extranjeros que hayan ingresado al país hasta el 10 de mayo de 2023 —en especial de los cerca de 1.4 millones de venezolanos que se calcula que residen en Perú—, dando cumplimiento así a lo establecido en el Decreto Supremo 003-2023/IN, publicado el 27 de abril de este año. ¿Ahora, qué toca? En teoría, la expulsión de los indocumentados, proceso que aún no se ha aclarado cómo se llevará a cabo.
Perú21 consultó sobre el tema con el Ministerio del Interior (Mininter). Si bien indicaron que no habría, por el momento, un vocero con el cual podamos conversar, sí señalaron que, en los próximos días, se hará un anuncio oficial. Una versión similar nos dieron en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esta institución será la encargada de emitir las órdenes de salida obligatoria y de expulsión, mientras que la Policía Nacional —específicamente, la División de Extranjería— tendrá que ejecutarlas.
El 19 de octubre, en declaraciones a la prensa, el titular del Mininter, general PNP Vicente Romero Fernández, dijo: “Estamos tratando de ver varias formas de cómo poderlos expulsar. Nos sentaremos con Latam (línea aérea) para poder facilitar una salida posible. El 10 de noviembre empiezan las expulsiones”. Enfatizó que, para eso, vienen coordinando con la Embajada de Venezuela en nuestro país, para agilizar el trámite. ¿Pero es tan sencillo como parece? ¿Es solo cuestión de subir a todos los extranjeros ilegales en un avión y sacarlos del territorio nacional? Todo indica que no.
NI DINERO NI LOGÍSTICA
Jorge Fernández, exsuperintendente Nacional de Migraciones, advirtió que no existe el dinero ni la logística para sacar del país a todos los foráneos a los que se les emita una orden de expulsión o de salida obligatoria del país. Indicó que esto ocurre, básicamente, porque estas personas tendrían que ser embarcadas en un avión comercial tal como lo ha dejado entrever el ministro del Interior. “¿Y por qué se tendría que hacer a través de un avión comercial? Cuando Perú lo quiso hacer con aviones de la Fuerza Aérea, con un vuelo directo al aeropuerto Maiquetía de Caracas, el gobierno venezolano negó el permiso de aterrizaje”, declaró a Perú21.
Acotó que, para que la expulsión pueda ser efectiva, se debe comprar el pasaje de ida del extranjero, quien tiene que ir acompañado de un efectivo de Extranjería de la PNP, al que también hay que comprarle el pasaje, pero de ida y de vuelta. “La inversión sería de unos dos mil dólares por cada uno. Se necesitarían dos millones de dólares para sacar a mil foráneos, dinero con el que no cuenta la PNP”, explicó.
Un ejemplo de esto es lo que pasó con Keyis Belén González Astudillo, mamá de ‘Maldito Cris’, la que ahora se encuentra presa por traficar con celulares robados. Ella contaba con una orden de salida del 4 de julio de 2023, orden que jamás se cumplió.
Recordó que, durante su gestión en la Superintendencia Nacional de Migraciones —entre marzo y diciembre de 2022—, había unas 12 mil órdenes administrativas de expulsión que estaban pendientes de ejecución precisamente por falta de presupuesto. “Estamos hablando pues de 24 millones de dólares solamente para poder terminar con los que están hoy día con orden de expulsión. Y ese dinero, efectivamente, no existe”, dijo.
Desde su perspectiva, una de las soluciones podría ser la emisión del carné de permanencia temporal a todos, independientemente de si han ingresado de manera irregular o no. “Necesitamos los datos biométricos de todos los extranjeros que viven en el Perú. Ese permitirá tener las impresiones dactilares, la imagen, los datos de parentesco, el domicilio de referencia. Es decir, tenerlos identificados. Aquellos que no se quieran regularizar es porque algo tienen que esconder”, señaló.
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MÁS PLAZO
De otro lado, Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, agradeció el proceso de regularización que se ha llevado a cabo en el país, pues aseguró que este permitirá separar la “paja del trigo”.
Sin embargo, consideró que el tiempo que se ha dado desde la entrada de vigencia del Decreto Supremo 003-2023/IN ha sido muy corto. “Yo solicité formalmente al premier Alberto Otárola que evaluara la posibilidad de ampliar el plazo, pues ha quedado corto para la enorme cantidad de personas extranjeras, la mayoría de nacionalidad venezolana, que vive en Perú.”, expresó.
Refirió que durante el primer mes para el trámite del CPP se presentaron múltiples fallas en el sistema, pues este colapsaba y no había posibilidad de programar citas. Desde su perspectiva, quizá ampliar la regularización por un mes más sería lo más conveniente. La respuesta que recibió del premier es que no habría extensión de plazos.
En declaraciones a Perú21, recordó que son aproximadamente 1.5 millones de venezolanos los que se encuentran en Perú, ya sea de manera regular o irregular. De ellos, indicó que más del 80% vive en Lima y en el Callao. Asimismo, destacó que Migraciones esperaba que unas 600 mil personas pudieran regularizar su situación legal. “Son poco más de 300 mil las que lo han conseguido. O sea, calculo que más de 200 mil no han tramitado el CPP, pero esto no convierte a la totalidad de estas en gente de mal vivir”, aseveró.
En este último grupo se encuentran los que han solicitado refugio, “a los que no les llamó la atención tramitar el CPP porque prefieren esperar a que se les apruebe la condición de refugiados”. En esta situación, según el exjefe de Migraciones, Jorge Fernández, se encontrarían cerca de 600 mil venezolanos.
El problema, según Fernández, es que más del 95% de los que solicitan refugio no lo van a conseguir. Una de las que en su momento realizó este pedido fue Wanda del Valle Bermúdez Viera, la ‘Bebecita del Crimen’, expareja de ‘Maldito Cris’, integrante del Tren de Aragua, quien ha ofrecido US$40,000 por la cabeza del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios. Su solicitud fue denegada por la Cancillería el 12 de agosto de 2022.
CORREDOR HUMANITARIO
Con el escenario establecido, ayer, el ministro del Interior, Vicente Romero, adelantó que para viabilizar la expulsión de los ciudadanos venezolanos que incumplieron el trámite se establecerá un corredor humanitario a través de Ecuador y Colombia, a fin de que puedan retornar a su país de origen.
Precisamente, mañana, Romero se reunirá con el ministro de Defensa de Colombia y el titular del Interior de Ecuador para ultimar detalles del mencionado paso humanitario.
“El lunes debemos estar definiendo. En horas de la tarde nos vamos a estar reuniendo los tres ministros, obviamente cada uno va a hacer su papel”, dijo en RPP.
La Superintendencia de Migraciones indicó que 214,633 extranjeros se inscribieron para obtener un permiso temporal de permanencia.
El 94% de los solicitantes del permiso temporal corresponde a ciudadanos de Venezuela, el 2.4 % de Colombia, el 0.9 % de Cuba, el 0.6 % de Ecuador y 1.8% de otros países.
Según Migraciones, el mayor porcentaje de solicitudes se tramitó en Lima (68%), La Libertad (8.4%), Piura (4%) y Lambayeque (3.5%). Veremos qué sucede en estos días.
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