Merino, Flores-Aráoz, Rodríguez podrían ir hasta 30 años a la cárcel

A raíz de las agresiones contra los miles de manifestantes que salieron a protestar contra Manuel Merino y después del asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado, las organizaciones de derechos humanos Aprodeh, CEAS, Comisedh, Demus, Fedepaz, IDL, Paz y Esperanza integrantes de la Coordinadora Nacional de DD.HH. presentaron una denuncia penal contra las autoridades de ese momento.

Gloria Cano, directora de Aprodeh, detalló a Perú21 los términos de la denuncia y comentó su opinión respecto al abusivo accionar policial.

¿A quiénes han implicado en la denuncia?

La denuncia ha sido presentada contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez y los altos mandos policiales. Nosotros hemos presentado hoy un desistimiento con respecto al director de la Policía, Orlando Velasco, porque él está internado en una clínica, no ha estado activo durante estas semanas. Hubo un reemplazo, Jorge Alejandro Lam, por eso hemos rectificado el nombre, lo hemos incluido. También está incluido el jefe de la Segunda Región Policial, Jorge Luis Cayas.

¿Por la presunta comisión de qué delitos?

Homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad.

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¿En qué han basado la denuncia?

Ya desde el día 11 de noviembre se había iniciado una serie de manifestaciones producto de la crisis política que atraviesa el país, el 12 se convocó a una marcha nacional. Ese día (la Policía) empezó la represión con gases lacrimógenos, con perdigones que no eran de goma, sino otro tipo de materiales, con proyectiles que impactaron en algunos manifestantes causando lesiones serias. Incluso, dos han tenido que ser operados. Esta situación llamó la alerta de las organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, al igual que a la Defensoría del Pueblo, e hicimos llamados a que esto no ocurriera contra los ciudadanos que salían a las calles en uso de su derecho a la protesta.

¿Y qué sucedió?

El día 13, ni los altos mandos policiales o el presidente de ese entonces, Manuel Merino, ni Ántero Flores-Aráoz (primer ministro) dieron disposiciones correctivas, sino, por el contrario Flores-Aráoz se presentó en las instancias policiales y los felicitó y alentó a continuar con esa labor. Lo cual, desde nuestro punto de vista, ha generado que en la manifestación del día 14 la situación empeore con más agresiones a los manifestantes, lanzándoles bombas lacrimógenas y proyectiles disparados al cuerpo. Los periodistas dan cuenta que en la marcha del día 14, a pesar de haberse identificado como prensa, algunos policías les disparaban al cuerpo con el fin de que dejaran de filmar las agresiones a los manifestantes.

Es precisamente en esa manifestación donde asesinaron a Inti y Bryan.

Murieron a consecuencia de disparos. Desde el punto de vista técnico, estos no tenían que haber sido hechos contra el cuerpo y, sobre todo, contra la parte superior (cabeza, cuello, tórax). Las leyes internacionales y los protocolos nacionales señalan que los disparos disuasivos no se deben hacer contra el cuerpo. Esto ha ocasionado graves heridas a las personas que aún permanecen luchando por su vida y la muerte de los dos jóvenes. Todos estos hechos antes descritos, para nosotros configuran una grave violación a los derechos humanos, homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad.

¿En las diligencias que ya corresponden al Ministerio Público se necesitará contar con el testimonio de las docenas o quizás cientos de agredidos?

Nosotros hemos presentado una denuncia con la cantidad de personas abiertas. Hemos señalado los nombres que teníamos en ese momento, pero que podía ser ampliado y para ello estamos recogiendo los nombres en los hospitales para que la Fiscalía los incorpore como agraviados en esta denuncia.

Probablemente hayan heridos que no llegaron a identificar. ¿Cómo pueden hacer para ser incorporados?

Nosotros hemos puesto todos los nombres que hemos encontrado, aquellos que no estén nos pueden contactar. Nosotros los incluimos en la denuncia porque nos parece importante que se conozca la magnitud de la agresión que sufrieron tanto los miembros de prensa como la ciudadanía en general.

¿Cuál es la pena que correspondería para los responsables?

En el caso de homicidio calificado van como mínimo de 15 a 30 años. Aquí no solamente hay homicidio, sino también lesiones y abuso de autoridad. Esperemos que la Fiscalía haga la investigación, estamos presentando una ampliación también pidiendo la actuación de algunas pruebas y esperamos que el fiscal a cargo del caso pueda realizar las diligencias a la brevedad, conforme lo ha señalado la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

¿En su opinión, Merino, Flores-Aráoz, Rodríguez, Lam y Cayas merecerían ir a la cárcel?

Para nosotros deberían ser sometidos a prisión, sobre todo por el homicidio y las lesiones graves. Ellos debieron haber tomado las previsiones. Un policía tiene la ejecución y control de la operación. Ellos pudieron haber parado, después del día 12, ese accionar, pero no lo hicieron.

¿Qué le dice a usted esa represión tan violenta de la Policía?

Creo que la Policía actúa de acuerdo a lo que se le ordena. Si hay algún elemento que se sale de las disposiciones de un superior, este lo debe corregir inmediatamente, pero lo que vimos aquí es que hay una secuencia de hechos que no solo dan cuenta de que los policías actuaron sino que fueron felicitados. Aquí no podemos señalar que fue la actuación de un solo agente que se le ocurrió disparar al cuerpo o al segmento superior del cuerpo, sino que fue incluso felicitado por esa acción. Además, cada policía no se compra su proyectil, eso es dado por el comando que pide el tipo de dispositivo y dispone con qué tipo de armas se acude a la disuasión o acompañamiento de una manifestación.

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