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La Contraloría General de la República advirtió que hay una situación irregular con la designación de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, quien ocupa el cargo desde el mes de febrero de este 2022 en reemplazo de Daniel Soria.
A través de un informe emitido por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se precia que hay una “situación adversa” que amerita adoptar acciones en el sector.
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“No se solicitó la declaración jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado, no obstante que se encontraba comprendida en hechos denunciados que la involucraban y que vienen siendo evaluados por órganos que son dependientes de su despacho”, advierte el documento al que accedió Perú21.
Según Contraloría, esto genera un riesgo al principio de justicia y equidad, así como la posibilidad que haya conflictos en las relaciones laborales.
El detalle del informe es que el 20 de julio del 2022, la Subgerencia de Control del Sector Justicia, Político y Electoral encargó al OCI del ministerio que se recopile la información de la designación de Caruajulca el 25 de febrero de este año.
La comisión que se formó revisó la documentación y detectó que la administración del Minjusdh y de la Procuraduría General de la República no solicitaron la declaración jurada establecida por la norma.
Son tres investigaciones administrativas que registra la procuradora: por no ratificar una denuncia contra traficantes de terrenos cuando era defensora de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (2018); por presentar fuera de plazo una apelación contra una sentencia cuando era procuradora de la comuna de Comas (2018) y por no apelar una resolución estando en el mismo puesto (2021).
Sobre el primer caso, este diario reveló que Caruajulca se reunió con su denunciante Gloriosa Huaranga Tineo el pasado 1 de julio, en medio del proceso penal que afronta en la Fiscalía.
