El expresidente Alberto Fujimori fue finalmente liberado ayer del penal de Barbadillo (Ate). Esto, tras una serie de rencillas entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que mantuvieron al país en una situación expectante durante los últimos días.
Sin embargo, fue el gobierno de Dina Boluarte el que tuvo la última palabra. De este modo, tras una reunión entre el premier Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en Palacio de Gobierno, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) —ente adscrito al Minjus— dispuso la excarcelación del exmandatario.
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LOS ANTECEDENTES
Alberto Fujimori venía cumpliendo una condena de 25 años de prisión efectiva impuesta por la Corte Suprema de Justicia en 2009, por su participación como “autor mediato” en los homicidios de Barrios Altos y La Cantuta. De acuerdo al Poder Judicial, el exgobernante habría cumplido esta pena en 2032.
No obstante, el 24 de diciembre de 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un “indulto humanitario” que permitió su liberación, aunque solo temporalmente, dado que en octubre de 2018 la misma Corte Suprema dispuso la anulación del indulto y ordenó su captura. Tras permanecer casi 4 meses internado en una clínica, volvió a ser recluido en enero de 2019.
La historia tendría un nuevo revés en marzo de 2022, cuando el TC concedió a Fujimori un habeas corpus, restituyendo los efectos del indulto otorgado por Kuczynski y, en consecuencia, su liberación. Sin embargo, en esa ocasión el exmandatario no dejó Barbadillo, pues el gobierno de Pedro Castillo decidió acatar una resolución de la Corte IDH emitida días después, que requería la suspensión de la ejecución de la sentencia del TC.
Así llegamos a noviembre de este año, cuando una nueva resolución del TC confirmó el habeas corpus concedido al exmandatario, disponiendo que un Juzgado de Ica “proceda conforme a sus atribuciones”. La Corte IDH, por su parte, requirió un informe de cumplimiento sobre su resolución de 2022.
Aunque el Juzgado iqueño declaró improcedente la excarcelación del expresidente, el TC emitió una nueva resolución ordenando su “liberación inmediata”. En respuesta, el presidente de la Corte IDH requirió al Estado peruano que se “abstenga” de ejecutar este nuevo pronunciamiento del TC temporalmente.
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LA LIBERACIÓN
Alberto Fujimori fue finalmente liberado a las 18:30 horas de la tarde, aproximadamente. A su salida del penal de Barbadillo lo esperaban su abogado, Elio Riera, así como su hija Keiko y su hijo Kenji, quien lo recibió entre lágrimas. También lo esperaban un gran grupo de simpatizantes, que celebraron su salida en medio de vítores.
El exmandatario dejó Barbadillo en una camioneta gris, que lo trasladó inmediatamente a la residencia de Keiko Fujimori en el distrito de San Borja. Unas horas después de su excarcelación, la lideresa de Fuerza Popular brindó declaraciones a los medios desde su domicilio y en compañía de su hermano.
Primero hizo uso de la palabra Kenji Fujimori, quien expresó su agradecimiento al expresidente Kuczynski por su “simpatía y sensibilidad” al haber concedido el indulto a su padre en 2017 que el TC ahora se encargó de restituir. Como se recordará, en 2017 fue Kenji el artífice de la liberación del exmandatario, al negociar a cambio los votos de un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular en contra del proceso de vacancia que Kuczynski afrontaba en ese momento.
Keiko Fujimori, por su parte, indicó que su progenitor ostenta un “frágil” estado de salud, remarcando que, con su liberación, “la justicia y la humanidad se impusieron”. “Creo que esta Navidad finalmente será diferente. Será una Navidad de unión familiar”, sentenció.
LA RESPUESTA
Como era previsible, la noticia de la liberación de Fujimori no agradó a todos. Aun antes de su excarcelación, fueron convocadas marchas no solo en contra de la resolución del TC, sino también contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y en conmemoración del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022. De este modo, se esperan jornadas de movilización para hoy y los días 8 y 9 de diciembre.
Por otro lado, desde el Parlamento la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) comenzó a reunir firmas para interpelar al ministro de Justicia, Eduardo Arana, por la liberación del exmandatario que el INPE realizó pese a las resoluciones de la Corte IDH.
Horas antes su colega de bancada, Ruth Luque, presentó una denuncia constitucional en contra de los magistrados del TC que votaron a favor de liberar a Fujimori: Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez y el presidente de la Corte, Francisco Morales. De acuerdo a Luque, los tribunos habrían incurrido en los delitos de prevaricato e instigación al prevaricato al no acatar los pronunciamientos de la Corte IDH.
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LÍOS PENDIENTES
Aunque Fujimori ha podido pasar la noche en libertad después de mucho tiempo, su situación judicial está aún lejos de resolverse, puesto que aún se encuentran pendientes otros juicios seguidos en su contra. En primer lugar, cabe mencionar el caso de las esterilizaciones forzadas, por el que el exmandatario fue denunciado en marzo de 2021.
Más actualidad tiene el caso Pativilca, en el marco del cual Fujimori es investigado por ser presuntamente responsable, en calidad de “autor mediato”, del homicidio de 6 comuneros de la pampa de San José de Pativilca y Caraqueño. En 2017, la Fiscalía solicitó 25 años de cárcel en su contra por este caso.
En marzo de 2022 el Poder Judicial dispuso 18 meses de impedimento de salida contra Fujimori por este caso, medida que tuvo vigencia hasta septiembre de este año. En noviembre se dispuso que el juicio oral en su contra inicie el lunes 18 de diciembre. Ayer, tras conocerse que sería liberado, la Fiscalía solicitó la variación de la comparecencia con restricciones por la medida de detención domiciliaria.
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TENGA EN CUENTA
- Fujimori tiene 5 sentencias firmes por los casos Allanamiento Ilegal, Barrios Altos y La Cantuta, Congresistas Tránsfugas, CTS de Montesinos y Diarios Chicha.
- Los jueces del TC que liberaron a Fujimori también fueron denunciados constitucionalmente por el congresista Jaime Quito.
- En 2021, el gobierno de Castillo solicitó a Chile ampliar la extradición contra Fujimori por otros delitos.
Ministros defienden la decisión
El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, manifestaron que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori se dio de acuerdo a ley y no contraviene los tratados internacionales a los que nuestro país está suscrito.
A través de un escueto pronunciamiento televisivo, el canciller González-Olaechea dijo que el Perú ratifica su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos.
“Expresamos de la manera más enfática que nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. El cumplimiento de la sentencia del TC de modo alguno desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales ni el sistema interamericano de derechos humanos”, sostuvo.
Acto seguido, manifestó que “por tal virtud, ratificamos la firme adhesión del Gobierno del Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”.
Por su parte, el ministro Arana explicó que “acorde al artículo 118, inciso 9, de la Constitución Política del Perú, es obligación del Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno ha procedido a acatar la sentencia del TC emitida el 17 de marzo de 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori. En estricto cumplimiento del mandato del TC, supremo intérprete de la Constitución Política, el INPE procedió a ejecutar los extremos del auto, de fecha 4 de diciembre de 2023, y disponer su libertad sin condicionamientos”.
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