El viernes último, el juez supremo César San Martín y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en su presentación en la Comisión de Justicia por el caso JNJ, confirmaron que hubo dos sesiones de la sala plena de la Corte Suprema (CS), una del 28 de junio y otra del 3 de julio, en las que debatieron sacar un comunicado contra la decisión del Congreso de inhabilitar por cinco años de la función pública a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
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El debate de la sesión del 28 de junio abundó en puntos de vista de los jueces supremos, algunos de los cuales vieron en la actuación del Congreso un peligro real, que es “capaz de todo”. Luego de evaluar las alternativas del contenido de un comunicado, consideraron que la mejor opción no era tomar “una posición de defensa” a favor de la exfiscal de la Nación, sino adoptar “una posición institucional” de defensa del Poder Judicial, porque la inhabilitación de Ávalos por el Congreso había abierto la puerta de un posible “juzgamiento político” que podría ser aplicado también, en cualquier momento, contra ellos.
“Lo que hoy nos preocupa es que el desempeño de un juez pueda ser objeto de juzgamiento político tomando como base el contenido de nuestras sentencias… requiero que tomemos una posición de defensa de la independencia y autonomía institucional, y remarcar que los jueces no podemos ser objetos de juzgamiento político sobre la base de nuestras decisiones judiciales”, señaló la jueza suprema Elvia Barrios, según consta en el acta a la que accedió este diario.
El juez supremo Carlos Alberto Calderón fue aún más explícito en mostrar su preocupación por lo ocurrido con Ávalos. “Aquí lo fundamental es que el Congreso ha emitido una posición que sanciona a una fiscal por un criterio interpretativo. Eso significa que podría hacerlo en cualquier otro momento en su caso y —también lo voy a decir con nombre propio— probablemente contra el doctor Jorge Salas. Ese es el peligro: no solo con el doctor en mención o con cualquier otro miembro de esta sala plena…”, apuntó.
Después, intervino el magistrado Wilber Bustamante, quien también respaldó la referida propuesta. “Se viene esta visión del Parlamento que es capaz de todo, porque está en esa perspectiva, y puede fácilmente hacer. (El Congreso) se ha empoderado de tal manera que puede tomar este tipo de decisión. Considero que algo debemos hacer y lo mínimo, aunque sea un poco tarde, significa emitir un pronunciamiento principista”, dijo.
Sin embargo, la intervención de Janet Tello expuso la mayor preocupación de los jueces supremos. “El tema es político, y el Congreso ha roto el equilibrio de poderes. ¿O estamos de acuerdo con que el equilibrio de poderes se mantiene o de repente hay algunos jueces de la Corte Suprema que tienen otro punto de vista? Por favor, si alguien piensa que no se ha roto el equilibrio de poderes, que me lo diga e indique que estoy equivocada, o me señale que hay un balance constitucional de pesos y contrapesos que no se ha desequilibrado en ningún momento; entonces, yo acepto. Y diré que ustedes tienen razón…”, señaló.
LA OTRA SESIÓN
Posteriormente, en la sesión del 3 de julio, según el acta, se confirma que ese día se decidió por votación no sacar un pronunciamiento. De acuerdo con el documento, hubo empate de ocho votos por lado, y fue el presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo, quien, con su voto dirimente, decidió que no se publicaría nada.
SABÍA QUE
-El 15 de octubre estaría listo el informe final de la investigación a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
-La investigación a los siete miembros de la JNJ, en la Comisión de Justicia, es por “causa grave”, por cinco imputaciones por presuntas irregularidades en sus actuaciones.
-“Ya estamos expuestos… la decisión que tomemos, incluso la omisión, nos pone en la palestra”, dijo el juez supremo Roberto Burneo, según el acta del 28 de junio.
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