Bolivia se niega a informar si dio cabida a prófugos Fray Vásquez y Alejandro Sánchez

La Cancillería de Bolivia informó a este medio que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), cuya oficina queda en su sede diplomática de La Paz, no puede responder si un ciudadano peruano ha tramitado o posee refugio o asilo político en su país, porque la Ley N°251, Ley de Protección de Personas Refugiadas, señala textualmente que esa información es “confidencial”.

Perú21 solicitó a la Unidad de Comunicación de la Cancillería de Bolivia, el martes 14, que pregunte a la Conare si los prófugos Fray Vásquez Castillo y Alejandro Sánchez (dueño del incautado inmueble de la calle Sarratea), investigados en los casos Puente Tarata y gabinete en la sombra, solicitaron refugio político en dicha oficina.

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Ese mismo día, la Conare le contestó que el artículo 10 de la Ley N°251 señala en su inciso 1 que toda información referida a una persona refugiada “es confidencial”.

La diputada boliviana de la bancada Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, dijo a este medio que la referida ley “es inconstitucional” porque recurre a la “confidencialidad” para negarse a entregar información de un ciudadano, y adelantó que ella misma la solicitará a la Conare.

En febrero, el gobierno mexicano se negó a responder al Congreso sobre el paradero de la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, asilada en ese país, pues debía ser notificada en el marco de la investigación que se le sigue.

SABÍA QUE

-Fray Vásquez está prófugo desde abril de 2022. Se le dictó prisión preventiva de 36 meses por el caso Tarata.

-El exfinancista de Pedro Castillo, Alejandro Sánchez, se fugó en octubre de 2022. Se le impuso 30 meses de prisión preventiva por el caso gabinete en la sombra.

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