Carlos Rivera sobre resolución del TC que ordena liberar a Alberto Fujimori: “Nos parece grave y lamentable”

El abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Carlos Rivera, se pronunció sobre la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

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En declaraciones para Perú21TV, Rivera lamentó la decisión del TC, señalando que se trata de una situación grave porque “se está ordenando de manera indebida e irregular la liberación de una persona condenada por crímenes contra la humanidad”.

“Se hace sobre la base del restablecimiento de un indulto que fue resultado de una negociación política por debajo de la mesa y, por lo tanto, absolutamente irregular. Más allá de que el presidente puede indultar, este indulto fue resultado de una negociación política que terminó vulnerando el derecho al cumplimiento de una sentencia condenatoria, que ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

En esa línea, el también abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) indicó que el argumento según el cual el Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quiere ver morir a Fujimori en prisión “no tiene ningún sustento”.

“Lo que sí está en cuestión en este caso es el derecho a que la sentencia se cumpla. Si un tribunal de justicia condena a una persona por la comisión de crímenes contra la humanidad, lo que las víctimas -y un país democrático- esperan es que esa sentencia se cumpla, porque eso es lo que corresponde. El derecho a acceder a la justicia comprende también el derecho a que la sentencia se cumpla en los términos que ha sido emitida por el tribunal que emitió esa decisión. No es posible que, en medio camino del cumplimiento de una resolución judicial que tiene vínculo con dos sentencias de la Corte IDH, de repente, aceptemos que esa resolución tiene que desconocerse y que se tiene aceptar un indulto emitido ilegalmente”, detalló.

Finalmente, el letrado estimó que es legítimo y legal acudir ante la Corte IDH para revisar el caso nuevamente, dado que esta se encontraría “absolutamente legitimada para atender un caso de esta naturaleza, porque justamente lo que está haciendo es supervisar el cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos (2001) y de La Cantuta (2006)”.

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