Carmen Omonte: “No se nos informó de la Ley de Protección Policial”

Por Michael Machacuay y Carlos Viguria

La Ley de Protección Policial que por insistencia promulgó el Congreso el pasado viernes tomó por sorpresa a los miembros de Alianza para el Progreso (APP), quienes no fueron notificados antes de la publicación de la norma.

Así lo indicó a Perú21 su vocera alterna, Carmen Omonte, quien reveló que el presidente del Parlamento, Manuel Merino (AP), “no nos informó” que iba a oficializar la normativa, que fue aprobada en julio del 2019.

De hecho, la promulgación de la autógrafa fue una decisión que solo tomó Merino y el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (APP), según indicó a este diario el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Guillermo Aliaga (Somos Perú).

“Ellos han tomado esa decisión teniendo en cuenta que la norma no había sido observada por el Ejecutivo”, dijo.

“Debió debatirse más”

La mencionada ley prohíbe la detención preliminar o prisión preventiva de un miembro de la Policía que, “en cumplimiento de su función constitucional”, use sus armas u otro medio de defensa y cause muerte o lesiones a una persona.

Para Omonte, la norma contiene “visos de inconstitucionalidad” por lo que, antes de su publicación, “debió debatirse más” en el nuevo Parlamento. “No era necesaria así. La posición de la mayoría de las bancadas es que se debe derogar”, apuntó.

Aliaga defendió la ley y consideró que en la coyuntura que enfrentamos para detener el coronavirus “se requiere reforzar la labor policial dentro de un marco constitucional”.

Se oponen a la norma

El abogado Javier Alonso De Belaunde dijo a Perú21 que la norma “es innecesaria, inconveniente y peligrosa. En la práctica podría enviar un mensaje inconstitucional que genere que la Policía abuse de su poder”.

Por otro lado, el constitucionalista señaló que la norma no tiene efectos jurídicos reales. Por ejemplo, en lo referido a la prohibición de ordenar la prisión preventiva y detención preliminar. “La ley pone como presupuesto que el policía usó la fuerza cumpliendo su función constitucional y el reglamento. Si es así, no sería delito y, por ende, la consecuencia lógica sería que no tendría que dictarse las medidas”, acotó.

Sobre este punto, el abogado Omar Cairo declaró que es inconstitucional por afectar la independencia de los jueces al dictar estas medidas.

Aseveró que la eliminación del principio de proporcionalidad conllevaría a que en casos donde no esté en peligro la integridad de un policía, el efectivo podrá utilizar su arma sin ninguna consecuencia jurídica.

“La norma puede ser malinterpretada de que se le ha dado carta blanca a la Policía. Sería mejor que, por ello, sea derogada por el Congreso”, agregó el abogado.

Datos:

- En la Junta de Portavoces de mañana se pedirá explicaciones al presidente del Congreso por la ley promulgada, según conoció Perú21.

- A favor de la derogatoria se manifestó oficialmente el Frente Amplio, por ahora.