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El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso ayer que diez abogados investigados en el caso Lava Jato, por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, no puedan ejercer como árbitros en procesos contra el Estado durante 24 meses.
El fiscal Hamilton Montoro, miembro del equipo especial de la Fiscalía, advirtió que cinco de los investigados estaban trabajando como árbitros en procesos contra el Estado peruano. Ellos son Randol Campos Flores, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Emilio Cassina Rivas y Luis Fernando Pebe Romero.
Montoro argumentó que su petición es para evitar la “reiteración delictiva”. “Los procesados en su calidad de árbitros se encuentran participando en otros procesos donde el Estado es una de las partes procesales”, alertó.
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La defensa de los imputados, por su parte, alegó que sus clientes tienen derecho a trabajar y que un requerimiento como el planteado por el Ministerio Público vulnera la norma.
El magistrado Chávez, no obstante, acogió en parte la solicitud del fiscal Montoro, que pidió la medida contra 20 árbitros. Además de los antes mencionados, dictó la suspensión contra Luis Felipe Pardo Narváez, Humberto Abanto, Ramiro Rivera Reyes, Alejandro Orlando Álvarez Pedroza y Horacio Cánepa.
Resolvió también que Emilio Cassina Ramón, Héctor García Briones y Celso Gamarra Roig no podrán ser secretarios arbitrales en procesos contra el Estado.
Chávez Tamariz rechazó la suspensión para Franz Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, Marcos Ricardo Espinoza Rimachi, Alfredo Enrique Zapata Velasco y Daniel Martín Linares Prado.
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