La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó, a través de un comunicado, su preocupación por el Proyecto de Ley 6951/2023-CR impulsado por el Congreso que busca eximir de responsabilidades a sentenciados, procesados e investigados por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
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En ese sentido, el mencionado proyecto busca establecer la prescripción de este delitos si fueron cometidos antes del 1 de julio de 2002.
“La CIDH manifiesta preocupación por la aprobación en primera votación del Pleno del Congreso del Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que establece la prescripción de todos los delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de 1 de julio de 2002, fecha de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el país”, dice el comunicado.
Y agrega: “La iniciativa es contraria al derecho internacional y desobedece abiertamente sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma; por lo que se insta a las personas congresistas a detener el avance del mencionado Proyecto de Ley”.
Un beneficiado si esta ley se aprueba será Alberto Fujimori, así lo hizo saber su abogado, Elio Riera.
“Definitivamente si esta ley se aprueba, tendremos que solicitar la aplicación, porque la ley es de obligatorio cumplimiento. Entonces, no queda otra alternativa que para la sala o el juzgado, realizar el cumplimiento de la ley”, señaló Riera.
Como se recuerda, Fujimori es acusado de homicidio calificado, considerado como delito de lesa humanidad en el caso Pativilca, junto al exasesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos; el excomandante del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos; el exjefe del denominado ‘Grupo Colina’, Santiago Martin Rivas, y otros miembros de dicho conjunto.
CIDH preocupada por interferencia del Congreso
La CIDH expresó su preocupación por información recibida sobre afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos que pueden resultar en el debilitamiento del Estado de derecho en Perú.
“En este contexto, resulta necesario que la actuación estatal garantice la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. Por esta razón, la Comisión insta al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia”.
Dijeron que, en los últimos meses, han recibido información sobre acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción, con impacto en el cumplimiento de sus mandatos.
“En particular, preocupan a la CIDH todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción”.
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