Comisión de Fiscalización pedirá facultades especiales para investigar caso Lava Jato

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República acordó solicitar al Pleno del Parlamento facultades especiales para investigar el caso Lava Jato, que salpica a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala por presuntos casos de corrupción de empresas brasileñas.

Esta decisión se adoptó este lunes, poco después de la elección del legislador Gustavo Rondón (Solidaridad Nacional) como presidente de dicho grupo de trabajo.

Si el Pleno accede al pedido, la comisión podrá —por ejemplo— levantar el secreto bancario y de las comunicaciones de los investigados, así como citar de grado o fuerza a aquellos que se resistan a brindar su declaración.

Sin embargo, el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular-Frente Amplio) consideró que la Comisión de Fiscalización ya tiene muchos temas pendientes como para recargar su trabajo con un asunto tan complejo como el Lava Jato.

En diálogo con Perú21, advirtió que esta denuncia, así como la de las supuestas agendas de la primera dama, Nadine Heredia, se diluirían en el tiempo y se convertirían en un "sancochado".

Además, Lescano recordó que se encuentra pendiente de debate en el Pleno de una moción de orden del día que plantea la creación de una comisión especial para que investigue los vínculos peruanos con el expediente Lava Jato.

El lunes pasado, AP-FA, Solidaridad Nacional y Dignidad y Democracia presentaron una moción para crear una comisión especial multipartidaria que investigue el presunto pago de sobornos de empresas de construcción.

"Conformar una comisión investigadora multipartidaria para indagar sobre el presunto pago de sobornos por parte de empresas brasileñas tales como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y las demás que resulten responsables, a altos funcionarios públicos peruanos de las gestiones de los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo, Alan García (segundo período) y Ollanta Humala para la obtención de contratos de obras públicas, servicios y concesiones, que configurarían la participación en presuntos actos de corrupción", señala el documento.