A través de investigaciones, los periodistas suelen incomodar no solo al poder político, sino también judicial. Este es un oficio que puede llevar al periodista ante tribunales presididos por magistrados a quienes él mismo investigó.
En estos casos, la justicia puede tardar en llegar e incluso hacer que el acusado se enfrente no solo a su demandante, sino a quien supuestamente debe garantizar un fallo imparcial.
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Aldo Mariátegui, el periodista que expresa sus ideas con pluma de bisturí, obtuvo justicia tras 11 años de dilataciones en el Poder Judicial. En 2013 pidió que se declare la prescripción del proceso en su contra por difamación agravada. El caso de Mariátegui estuvo a cargo del juez César San Martín, a quién el periodista había investigado previamente.
“Nunca me gustó que César San Martín vea mi caso porque yo le saqué los email con la Universidad de Alicante para coordinar la culpabilidad de Fujimori”, dijo Mariátegui a Perú21.
El caso ya había prescrito e incluso el periodista señaló que su abogado fue en compañía de un notario a revistar el libro “Tomarrazón”, “es el libro en el que están inscritas las sentencias del PJ”. “Él entró con el notario y yo no estaba sentenciado”, narró el periodista.
No obstante, en septiembre de 2013 fue notificado de que estaba sentenciado. Ante ello, emprendió una larga batalla judicial, en la que su caso fue dilatado en varias ocasiones, hasta que llegó al Tribunal Constitucional. El máximo intérprete le dio la razón al periodista en 2021, pero la decisión del TC recién fue acatada por el Poder Judicial este año.
La importancia de este caso trasciende a las partes en cuestión, ya que marca un precedente que deberá ser estrictamente cumplido por el Poder Judicial.
“El TC (…) estableció que las sentencias judiciales son válidas no desde la fecha en que se votan en la interna de la Corte Suprema, sino desde la fecha en que se notifican las partes”, explicó a este diario Enrique Ghersi, abogado que llevó el caso de Mariátegui.
En ese sentido, indicó que “era muy común que una causa quedara al voto y que te notificara la CS muchos meses después, pero con la fecha del día en el que fue la audiencia”. Este acto ignoraba la prescripción.
SI TARDA NO ES JUSTICIA
Si bien el periodista obtuvo el fallo favorable, este caso exhibe el calvario de once años en el que la justicia se puede convertir para periodistas y para cualquier ciudadano. En ese sentido, Ghersi cuestionó que un fallo tarde tanto.
“No puede ser posible que demores una década en fallar un caso de una querella ni tampoco un caso de cualquier persona. Los periodistas, al igual que los ciudadanos comunes y corrientes, tenemos el derecho de exigir no solo que se nos administre justicia, sino que se haga con rapidez”, dijo el jurista.
Asimismo, Ghersi señaló que el juez César San Martín tuvo la posibilidad de inhibirse del caso, tras los señalamientos que el periodista hizo en su contra en años previos. Sin embargo, el magistrado se mantuvo a cargo de la sala que ratificó su sentencia.
“Tuvo este fallo controversial, pero ha tenido como consecuencia que el TC le enmiende la plana. Era innecesario que esto suceda. Desde un primer momento pudo haber fallado declarando prescrita la acción penal”, indicó.
“OBJETIVIDAD Y CERTEZA”
Por su parte, el abogado penalista Roberto Pereira aseguró a Perú21 que el proceso “no debió demorar tanto”. En ese sentido, cuestionó que la Corte Suprema tomara la decisión de reafirmar la sentencia a pesar de que el caso ya había prescrito.
Ante ello, enfatizó que se necesita que el órgano judicial tenga una “actuación transparente”, ya que los ciudadanos no tienen conocimiento de cuándo votan los magistrados.
“Es un criterio que no es adecuado, porque los ciudadanos no nos enteramos cuándo votan los magistrados, ni tampoco para el propio Poder Judicial, que debe tener una actuación transparente, que pueda ser controlada por los justiciables”, indicó.
Asimismo, el letrado respaldó la decisión del TC, ya que aseguró que esta decisión otorga “objetividad y certeza”.
“Me parece bien lo que ha decidido el TC al señalar que una decisión surge efecto, no cuando fue votada, porque es un acto interno de los jueces, sino cuando ha sido notificada, (…). Es el acto de publicidad que dota de objetividad y de certeza”, enfatizó.
DATOS
- Alrededor de 30 periodistas son querellados cada año, de acuerdo a la Asociación Nacional de Periodistas.
- Este año, el Perú se ubica en el puesto 125 de 180 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras.
- Actualmente, existe un dictamen en la Comisión de Justicia que busca incrementar la pena por difamación.
