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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedentes las denuncias constitucionales contra los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti y contra el contralor general de la República, Nelson Shack.
La denuncia contra los exmandatarios fue hecha por el ciudadano Marco Falconí y alcanzaba a la exprimera ministra Violeta Bermúdez; y las exministras de Salud, Pilar Mazzetti; y de Relaciones Exteriores, Esther Astete; por presunta infracción constitucional y presuntos delitos de abuso de autoridad, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificados en el Código Penal.
El informe de calificación de este grupo de trabajo señala que se incumplió el artículo 89 del Reglamento del Congreso en el sentido de que la acusación debe ser hecha por el agraviado, y que en este caso no lo es.
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También fue declarada improcedente otra denuncia constitucional contra los exmandatarios, formulada por el ciudadano José Meza Arévalo, por la presunta infracción de la Constitución Política del Perú; y por la presunta comisión de los delitos de homicidio, organización criminal y conspiración para una rebelión, sedición o motín, sancionados por el Código Penal, y que alcanza al exministro del Interior, Mariano Gonzáles.
La misma decisión de improcedencia se tomó en el informe de calificación sobre la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, contra el contralor general de la República, Nelson Shack, a quien se le acusaba de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El informe recomienda su improcedencia porque los delitos que se le imputan habrían prescrito, y no existe prueba de cómo pudo haberse beneficiado con la contratación de dos funcionarios.
Durante la sesión, se dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por una presunta infracción constitucional y los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el Código Penal. La denuncia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País.
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