El mismo día en el que quien le ‘prestó’ (o regaló) esos lujosos relojes Rolex y un par de joyas más intentaba marcar distancia de ella amenazándola con encabezar una marcha en su contra si no le transfiere a su región mil millones de soles el próximo año, la presidenta Dina Boluarte fue denunciada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por el delito de cohecho pasivo impropio (recibir donativos a cambio de hacer una gestión). El caso Rolex, que nunca supo esclarecer complica aún más la situación de la mandataria 21 meses después de que la hoy destituida Patricia Benavides hiciera lo mismo con el entonces presidente Pedro Castillo por liderar una organización criminal.
El documento de 63 páginas, enviado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y firmado por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, señala que la denuncia tiene como base el hecho que Boluarte habría recibido en calidad de donación tres relojes de la marca Rolex de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como aretes de oro y una pulsera, “a fin de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”,
Para la Fiscalía, la mandataria habría actuado ‘dolosamente’ al recibir como donación estos onerosos objetos, a cambio de avalar decretos y leyes que favorecerían con un millonario presupuesto a la región que lidera Oscorima. Señala que Boluarte obró “con conocimiento y voluntad de realizar el tipo penal incriminado”.
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En la denuncia se acreditan declaraciones de testigos. Una de ellas, la de Elizabeth Giordano, exconsultora del Gabinete Técnico del Despacho Presidencial, quien confirmó haber visto que el gobernador de Ayacucho le iba a entregar a la jefa de Estado uno de los relojes Rolex que esta lució por varias semanas.
También se incorporó al escrito fiscal los distintos decretos supremos y decretos de emergencia emitidos por el Ejecutivo a fin de favorecer a la región de Oscorima.
LO QUE VIENE
La denuncia espera en el área de trámite documentario del Congreso desde donde debe ser remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), grupo de trabajo que podrá declarar improcedente la denuncia o formar una comisión que investigue y presente un informe final, mas no podría formular acusación contra Boluarte, según algunos constitucionalistas. Ello en vista de que según el artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones y disolver inconstitucionalmente el Congreso, mas no por una denuncia como esta.
Para el constitucionalista Natale Amprimo, el escenario es bastante frágil para Bolaurte a partir de esta denuncia constitucional. “En primer lugar, el Congreso no va a poder obviar los detalles que se señalan en esta denuncia y esa denuncia no va a ser archivada, va a quedar en una suerte de suspenso hasta que ella pueda dejar la Presidencia, pero puede motivar una reacción política y que se presente una moción de vacancia. Frente al nivel de detalle que tiene la denuncia, la defensa de Boluarte no puede seguir siendo la evasión y el silencio”, explicó.
El premier Gustavo Adrianzén indicó que esta denuncia es una muestra de la persecución sistemática contra la presidenta. “Cuando se agotan los argumentos no tienen, sino, que poner a recrear su imaginación para buscar delitos donde no existen”, señaló a canal N.
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