Los gremios de trabajadores y empresarios más importantes del país, en muchas ocasiones con objetivos disímiles, se unieron para dar un enfático pronunciamiento en el que señalaron la falta de liderazgo de la administración gubernamental de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
En una conferencia de prensa, aseguraron que “la inseguridad ciudadana es el enemigo común de todos los peruanos”, y que la gestión del Ejecutivo ha dado una “ineficiente respuesta que no articula esfuerzos para enfrentar con efectividad la delincuencia común y el crimen organizado”.
En ese sentido, plantearon la creación de los Centros de flagrancia que, indicaron “”buscan dar una respuesta ágil y transparente ante los hechos delictivos de menor complejidad (robos de celulares y extorsiones, por ejemplo) cometidos en flagrancia contra los ciudadanos”.
“Esta celeridad se logra mediante un servicio coordinado e integral en Centros de Flagrancia a cargo de jueces, fiscales y de la Policía Nacional que, en un solo ambiente, son capaces de administrar justicia en cortísimo tiempo, ahorrándole al Estado ingentes sumas de dinero en gastos por la simplicidad y rapidez de sus resultados, descongestionando el sistema judicial y dando a la ciudadanía la sensación de seguridad que necesita ante hechos que le ocurren a menudo y los estresan por la impotencia que originan”, mencionaron.
También dijeron que “el sector privado tiene capacidades gerenciales que le permitirían, bajo el marco regulatorio correcto, intervenir de manera efectiva sobre ciertos aspectos de este problema. El sector privado mediante OxI (obras por impuestos) podría brindar mejor iluminación, sistema de video vigilancia, construcción e implementación de comisarias; mejoramiento en el sistema carcelario nacional. Estas son obras de baja complejidad y se podría tener hasta expedientes técnicos modulares que permitirían una implementación rápida. La video vigilancia e iluminación en las calles es fundamental para que se puedan obtener sanciones efectivas y rápidas a las actividades criminales”.
Asimismo, indicaron que “reforzar las labores de inteligencia contra la inseguridad ciudadana es algo urgente a cargo del Gobierno”, y que es preciso “dotar a la Policía Nacional y al Poder Judicial los recursos necesarios para su fortalecimiento”.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva, quien es también presidente de la CGTP; y el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Jorge Zapata. Además, participaron el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya; el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Alfonso Bustamante; el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar.
Del sector manufacturero, asistieron el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú (FETRIMAP), Gilmer Ibáñez, y el secretario de organización de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines (FNT-CGTP-ABA), Jimmy Lázaro. En representación del sector comercio, asistieron Carlos García Jerí, gerente general de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); y del sector agrario, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro.
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