Virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo Rojas, afrontará nuevo juicio por filiación a la organización terrorista Sendero Luminoso. (Foto: GEC)
Virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo Rojas, afrontará nuevo juicio por filiación a la organización terrorista Sendero Luminoso. (Foto: GEC)

El sustentará este martes 18 de mayo el pedido de 20 años de pena para , virtual congresista de Perú Libre, por el presunto delito de afiliación terrorista.

En la audiencia la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional sustentará la acusación por pertenencia y afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso y solicitará una reparación civil de S/ 100.000.

Bermejo Rojas es acusado por pertenencia y afiliación terrorista a los remanentes de Sendero Luminoso del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vraem) entre el 2008 y marzo del 2009.

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La audiencia para sustentar la solicitud contra Bermejo Rojas se desarrollará con la presencia de seis colaboradores eficaces, uno de ellos reo en cárcel.

Como parte de las investigaciones y las declaraciones de testigos protegidos, el Ministerio Público, a través del subsistema de Derechos Humanos y Terrorismo, ha logrado obtener información sobre “mandos”, “combatientes” y “colaboradores” de la organización terrorista.

En esa línea, se sostiene que Bermejo Rojas se ha desplazado en varias oportunidades de manera “consciente y voluntaria” a campamentos terroristas, en el Vraem, para reunirse clandestinamente con Víctor Quispe Palomino, camarada José, Martín o Iván; Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl; y con otros miembros del grupo senderista.

Se indica, además, que Bermejo Rojas asistía a dichas reuniones con el fin de recibir adoctrinamiento ideológico, político y en el uso de armas de fuego. Incluso, sostendría vínculos con organizaciones terroristas extranjeras para hacer conocer su denominada lucha armada.

En esta condición –según la acusación fiscal- Bermejo Rojas recibió la suma de mil dólares para realizar viajes al exterior para reunirse con organizaciones terroristas.

Esta imputación se sostiene con el registro de movimiento migratorio donde se registra la salida del país en 19 ocasiones: los más concurridos fueron Venezuela, Cuba, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile y Bolivia.

Tras la evaluación de los hechos, la Fiscalía ha solicitado de 20 años de pena privativa de la libertad, el pago de S/ 100.000 por concepto de reparación civil en agravio del Estado, 365 días multa y la inhabilitación posterior por el término que se establezca en la sentencia.

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