Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel Harvey Colchado, reveló que su defendido se encuentra impedido de brindar declaraciones públicas por disposición de la Policía Nacional. Sin embargo, se encuentra “con los ánimos en alto”.
“Fuimos notificados por la resolución en sentido desfavorable. No le han autorizado la posibilidad de que el coronel pueda expresarse respecto de las imputaciones públicas... Los argumentos que han brindado es que las declaraciones del coronel podrían mellar la imagen institucional [de la policía]”, refirió a RPP.
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Respecto a cómo se siente el coronel sobre este impedimento de expresarse, su abogado manifestó que este se encuentra “como cualquier persona, con la frustración que ello implica, pero siempre con los ánimos en alto”. Asimismo, el letrado reveló que están evaluando el asunto, respecto a dar una respuesta legal.
NO PUEDE HABLAR
Como se sabe, luego de que el ministro del Interior de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, denunciara públicamente una mala compra de la Diviac cuando Harvey Colchado era el jefe en 2019, el propio coronel suspendido fue consultado sobre ello.
“La DIVIAC tuvo una partida de 1 millón 270 mil soles para un aparato de escucha telefónica, de un SEPTIER, de chuponeo. Se fueron a México, compraron directo, y lo que ocurrió es que cuando el equipo llegó al Perú, no funcionó. ¿Compraron mal? Compraron mal”, señaló el titular del Mininter en una entrevista para Canal N.
Si bien Colchado no respondió directamente sobre el hecho, pues no tiene permiso de su comando para declarar, el dominical Panorama conversó con su abogado, Luis Pérez Arroyo.
“A partir del allanamiento contra la presidenta y de la detención contra el hermano, ya no solamente se enfilaron las baterías contra Colchado, sino contra la unidad”, indicó el letrado.
“Este equipo no fue para chuponeo, fue para geolocalización. La tercera fase de este equipo podría ser para chuponeo, pero no se compró para eso, sino para localización”, añadió.
Cabe recordar que este equipo de inteligencia tuvo un costo de 1 millón 264 mil soles, y es capaz de ubicar a cualquier objetivo de la justicia con solo rastrear su celular, pero según el ministro Santivañez no sólo no funciona, tampoco saben dónde está.
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