Juan Jiménez Mayor: “La OEA está descalificada para plantear un diálogo en el Perú”

Juan Jiménez Mayor fue representante del Perú ante la OEA por un poco más de dos años. Alerta sobre los discursos que en el exterior se dan sobre la crisis política y social que se vive en nuestro país. Pero también hace un llamado de atención para revisar el proceso de descentralización y las capacidades de las autoridades provinciales y distritales.

Estamos por cumplir dos meses desde aquel 7 de diciembre en que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Después de varios intentos por adelantar las elecciones, el Congreso no se ha puesto de acuerdo. ¿Cuál es el camino que queda?

El país está en medio de una convulsión social en donde hay zonas muy perjudicadas porque no hay un desarrollo normal de la vida. Tengo una especial preocupación porque estos fenómenos de estallido social son bastante extendidos. Hay que ver lo que ocurrió en Chile en octubre de 2019 y lo de Colombia en abril de 2021.

En ambos casos hubo estallidos violentos.

MIRA: Conferencia Episcopal Peruana pide que se generen condiciones de “verdadero diálogo” en las regiones

Tuvieron componentes de violencia y protesta social legítima que requieren que tengamos una mirada especial. Debemos estar muy informados de lo que sucedió en Colombia. Empezó en abril de 2021 a partir de una reforma tributaria del expresidente Iván Duque. Esto generó un rechazo de la población y empezaron una serie de manifestaciones cuyo epicentro fue la ciudad de Cali, pero se extendió a todo el país y duró meses. 40 mil negocios cerrados, 300 centros comerciales apedreados y saqueados, casi 100 ambulancias apedreadas y una serie de caminos interrumpidos. El costo para la economía colombiana ascendió al 1% de su PBI: 1,400 millones de dólares. Esto implicó que Colombia pierda el grado de inversión, una suerte de aprobación de los mercados internacionales a la economía de un país y un respaldo para el flujo de inversiones. El Perú puede perder el grado de inversión a partir de las protestas y esto tenemos que evitar. Los actores políticos deben buscar una salida porque hoy estamos en un punto muerto.

En Colombia, el estallido social terminó convirtiéndose en político, porque el que salió beneficiado fue el exguerrillero Gustavo Petro, quien terminó convirtiéndose en presidente. ¿A ese camino vamos?

De alguna forma, nosotros ya hemos tenido un estallido social que se encauzó en las elecciones de 2021. Fueron unos comicios de protesta y se votó por un outsider como Pedro Castillo buscando ejercer un voto de protesta frente a la clase política. Castillo llegó con las banderas de la izquierda, pero no tenía las capacidades ni cualidades para darle dirección al Estado. Este gobierno de izquierda ha sido una experiencia. El expresidente Castillo tiene una cuota de apoyo que puede llegar al 20%, pero el resto del país quiere salir adelante, generar mayores oportunidades de empleo y construir un mayor bienestar. Somos la mayoría; sin embargo, si los políticos no pueden tomar una solución, se tienen que adelantar las elecciones. Necesitamos un nuevo comienzo para que el electorado se pronuncie, tengamos un gobierno y un Congreso nuevo para salir de la crisis de manera inmediata.

¿Y cómo evitamos que otra vez terminemos decepcionados de los nuevos congresistas que elegiríamos?

Cada vez pensamos que tenemos un Congreso peor que el anterior y siempre podemos ir más al fondo. Los grandes responsables de esto son los partidos políticos, que en realidad en el Perú son organizaciones empresariales que reclutan gente y llegan para velar por intereses particulares. Los partidos tienen la responsabilidad de elegir mejores personas con vocación de servicio y no la vocación de hacerse famoso a costa de lo que sea o negociar cuestiones, como el caso de Los Niños, que ha sido patético.

¿Se podría discutir la reelección de los congresistas para evitar un Parlamento inexperto cada cinco años?

Ese argumento se ha estado replicando mucho. Probablemente haya sido una mala decisión, pero estamos hablando de 130 personas, y 130 personas buenas y nuevas hay. El problema es reclutarlas. Hay que convencer a mucha gente porque hoy la política se ha convertido en una profesión de alto riesgo.

¿Está de acuerdo con la reelección congresal?

Podría haber reelección sí, pero también podríamos tener gente nueva que pueda contribuir.

Esta semana, Perú21 puso en agenda el tema de la incapacidad de gestión de los alcaldes distritales. ¿Cómo hacemos para llevar proactividad también a esas instancias del Estado?

Tenemos un gravísimo problema de capacidades en el sector público. La ley del servicio civil que se aprobó hace 10 años no ha tenido el impacto que se requiere. Todavía ninguna entidad ha ingresado a la ley del servicio civil. En el Perú hay un cuerpo de gerentes públicos que permite que tengamos superfuncionarios que pueden ayudar con su capacidad a los gobiernos locales y regionales a mejorar su estándar de gestión.

¿Y dónde están los superfuncionarios?

Desafortunadamente tenemos un problema cultural porque los gerentes públicos reciben un aumento, un plus, que lo paga la PCM. Entonces, los alcaldes o los gerentes municipales –como van a ganar más que ellos– no los quieren por allí. Entonces perdemos capacidades a pesar de que el gobierno nacional les da la ayuda para que tengan este tipo de gestión. Además, los salarios que se pagan en los gobiernos subnacionales no son los adecuados, lo que genera que muchas veces ingenieros, economistas y abogados que pueden prestar servicios en el Estado no lo hacen en esas instancias porque los sueldos son bastantes bajos. Esto es muy dramático en temas de inversión pública porque, cuando tenemos que hacer un puente, una carretera, un hospital, un centro de salud, generalmente el personal que trabaja en las municipalidades no tiene las competencias. A veces, lo que hacen los gobiernos subnacionales es depender de las empresas. Los proveedores hacen los proyectos que tiene que hacer el sector público. Y ya sabemos lo que va a pasar después, porque seguramente el que hace el proyecto termina haciendo la obra pública.

¿Es momento de evaluar el proceso de descentralización en el Perú?

Es un tema sobre el cual hay que reflexionar. Desde el 2008 se transfirieron el 93% de competencias del gobierno central a los gobiernos regionales, pero se hizo sin respetar la ley de transferencia de competencias, que primero requería que se garantice que el gobierno regional tenga las capacidades para recibirlas. El gobierno nacional ha venido dando salidas a esto. Se crearon dos sectores clave: el Pronied y el Pronis. Son dos entidades que ayudan a los gobiernos locales a hacer sus expedientes técnicos, pero no pueden hacer la obra. Cuando hablamos de infraestructura estratégica de cierta magnitud, deberíamos tener mecanismos como los que te comento. Tal cual como están las cosas, y esto no le va a gustar a los gobernadores, es importante que tengamos una salida a esto.

Y muchas veces los ciudadanos de esas regiones culpan de todo al gobierno central cuando son los gobernadores o alcaldes los limitados.

No existe en la ley de base de la descentralización un mecanismo para que cuando un gobierno regional caiga en su capacidad de gestión, el gobierno central intervenga y se pueda regularizar el abastecimiento de los servicios a la población. Muchas de las funciones del gobierno regional, transferidas del gobierno central, funcionan a través de lo que se llaman las rectorías. Implica que los ministerios tienen las rectorías, y la parte operativa –salarios e infraestructura– está a cargo de los gobiernos regionales. Las rectorías no solo deben ser normativas, sino que se tiene que verificar la calidad de los servicios. El ámbito de calidad de los servicios a partir de las rectorías que tiene el gobierno central es un asunto que debería discutirse profundamente en el Perú.

En el exterior se están haciendo más frecuentes comentarios de medios y líderes políticos que distorsionan lo que realmente viene ocurriendo en el país. ¿Qué debe hacer la Cancillería para que se escuche también la otra versión de la historia?

Apenas se dio el golpe, y las instituciones peruanas respondieron articuladamente distanciándose de lo que el presidente quiso –convertir la democracia peruana en una dictadura–, la OEA emitió un pronunciamiento de respaldo a la democracia peruana contra el señor Castillo. Los gobiernos del mundo también rechazaron el golpe de Estado. Pero algunos países cuestionaron lo que estaba ocurriendo en el Perú efectuando una injerencia interna y el más agresivo fue el presidente de México, López Obrador.

En el mes de diciembre.

Lo que hizo AMLO fue romper una viejísima tradición mexicana de no intervención en asuntos internos de otros países. Esta política de no intervención es una política para que Estados Unidos no se entrometa en sus asuntos internos y no tanto con el resto de América. Esto podría ser un búmeran para ellos en el futuro. Lo que está ocurriendo es un relajamiento de los estándares latinoamericanos de democracia. En los últimos 30 años hemos avanzado para construir bases democráticas para distanciarnos de las dictaduras de los años 70 y 80. Hoy la democracia es uno de los valores fundamentales y uno de los aspectos que nos unen en la comunidad internacional. No puede haber dictaduras en la región porque estas van a ser muy rechazadas y atacadas. Entonces, si ingresamos hoy a relajar los conceptos y decimos que lo que fue golpe no fue golpe, sino un golpecito, estamos dado una señal sumamente inadecuada porque estamos afectando los estándares latinoamericanos de democracia. Esta ola que ha venido de ciertos presidentes y cancillerías contra el Perú es muy peligrosa. Espero que recapaciten y entiendan que lo que ha pasado en el Perú es muy grave. Además, según la última resolución de la OEA, los presidentes no pueden azuzar la violencia.

¿La OEA se equivocó al apoyar a Pedro Castillo durante el 2022?

Claramente la OEA tenía una misión, en ese momento, de apoyar al presidente Castillo. Almagro vino al Perú, acá se hizo la asamblea y había un discurso para apoyar a Castillo. Cuando Castillo invoca la Carta Democrática y la OEA hace ese informe famoso, pues no cayó muy bien al Perú porque no fue un informe equilibrado. El que traicionó este vínculo del gobierno peruano de entonces con la secretaria general de la OEA fue el propio expresidente. Castillo traicionó a Almagro y a todos los países que querían ayudarlo. Se ha querido plantear en la OEA nuevamente que se envíe una nueva misión al Perú, pero creo que la OEA está descalificada para plantear un diálogo porque no hizo las cosas correctas en su momento y no planteó una metodología equilibrada. Creo que la OEA ha quedado fuera de juego. Entonces, esa resolución lo que planteaba era el apoyo al Perú para el adelanto de elecciones, pero desafortunadamente estamos viendo que el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo y, más bien, hay un consenso para que los congresistas se queden hasta el 2026.

TENGA EN CUENTA

• Jiménez Mayor fue ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala.
• En diciembre de 2013 se convirtió en embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

VIDEO RECOMENDADO: