La Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre muertes en Puno

La Defensoría del Pueblo se refirió, a través de un comunicado, a las 12 muertes registradas en Puno, tras un enfrentamiento entre protestantes, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

En su pronunciamiento lamentan “las afectaciones al derecho a la vida e integridad de las personas”, además indicaron que entre las víctimas se encuentran menores de edad y que son resultado de los enfrentamientos ocurridos hoy al exterior del Aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca.

“El derecho a la protesta es un derecho fundamental que debe ser ejercido de manera pacífica, sin afectar los derechos de otras ciudadanas y ciudadanos, por lo que invocamos a la población a no realizar hechos de violencia respetando las disposiciones que la autoridad pública establezca en el marco de sus competencias”, señaló la institución.

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Añadió: “La toma de aeropuertos, la agresión a otras personas -incluidas las fuerzas de orden-, impedir el desplazamiento de ambulancias y toda forma de atentado contra la propiedad pública o privada constituyen graves delitos que no forman parte del derecho a la protesta”.

Por otra parte, la Defensoría recordó a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que tienen el deber de cumplir con las normas vigentes y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

También llamaron al Ministerio Público a realizar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la pérdida de vidas humanas, afectaciones a la integridad personal y atentados contra la propiedad, a fin de evitar “toda forma de impunidad”.

“Solicitamos al Estado que, en cumplimiento al deber de garantizar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas, disponga las medidas necesarias para atender a las y los familiares de las personas fallecidas, así como a las personas heridas de gravedad, sean civiles, policiales o militares”, remarcó.

La Defensoría indicó a las Fuerzas armadas que no les corresponde “resolver los conflictos que vienen aconteciendo. Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”, puntualizaron.

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