Caso Odebrecht: Exprocuradora Katherine Ampuero no incluyó a Enagas ni GSP en denuncia

La empresa española Enagás fue la socia de Odebrecht para ganar la millonaria licitación del Gasoducto del Sur en 2014; y desde julio de 2018 tiene arrinconado al Perú con una millonaria demanda de arbitraje.

De Enagás se ha dicho poco y hasta hace unos meses pasaba desapercibida del ojo de la justicia peruana. En julio del año pasado sus directivos se sorprendieron cuando el equipo especial Lava Jato la comprendió como investigada en el caso Gasoducto Sur Peruano.

En agosto de 2015 ya existía una pesquisa en la fiscalía anticorrupción por hechos de colusión en el Gasoducto, pero Enagás no fue comprendida, y, por ende, tampoco como tercero civil responsable.

Esto ocurrió no por culpa de los fiscales, sino –y sorprendentemente– por la inacción de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato de ese entonces.

Una empresa puede ser incorporada como tercero civil responsable a una pesquisa fiscal por pedido de la procuraduría en la etapa intermedia o denominada investigación preparatoria.

La investigación preparatoria concluyó el 20 de marzo de 2017 y hasta esa fecha la Procuraduría Ad Hoc no había solicitado la inclusión del consorcio Gasoducto Sur Peruano S.A., y de las empresas Odebrecht y Enagás. Con esta situación se cerró la posibilidad de que el Estado pueda asegurar un eventual pago de reparación civil en este caso en el que se investiga por el delito de colusión.

La Procuraduría Ad Hoc, que era dirigida en ese entonces por Katherine Ampuero, recién realizó una solicitud para incorporar al consorcio y a Odebrecht el 21 de marzo, un día después de que la investigación había concluido. Por eso, y como consta en la resolución N°05 del segundo juzgado de investigación preparatoria del 7 de julio de 2017, “dicha solicitud fue presentada por la procuraduría después de terminada la investigación preparatoria por lo que el pedido habría sido formulado de manera extemporánea”. Enagás se había salvado.

En enero de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski ordenó ejecutar la penalidad de US$262 millones al consorcio integrado por Enagás por incumplir con el contrato ante falta de fondos. Y así el contrato de concesión terminó. Pero Enagás no se iba a quedar con los brazos cruzados. Sin ningún proceso por corrupción que los involucrara en el Perú, decidieron ir a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Enagás sostiene que la decisión de PPK la perjudicó, y quiere recuperar su inversión en la obra que, según ella, asciende a US$1,980 millones.

Hasta julio del año pasado, Enagás llevaba la delantera en el arbitraje, pero la procuraduría que ya era presidida por Jorge Ramírez solicitó al equipo Lava Jato incorporar a Enagás como investigada. La fiscal Norma Mori aceptó la petición y Enagás fue incluida.

‘Mi gestión fue diligente’

’La exprocuradora Ampuero dice que no pidió la incorporación de Enagás porque “nos reservamos el tema para el caso grande”.

Explica, aunque erradamente, que cuando asumió la procuraduría “ya había culminado la etapa de investigación preparatoria del caso por colusión (que llevaba el fiscal Abia) y se había iniciado (por parte de la fiscal Mori) el otro caso, en el que se incorporó a los exejecutivos del consorcio, a los estudios de abogados y a Nadine Heredia. Una vez que se judicialice este caso, la procuraduría tiene que constituirse en actor civil y pedir la incorporación de todas las empresas”.

Sabía qué

El 5 de julio de 2017, la procuraduría se desistió “de manera expresa” de incorporar al proceso como tercero civil responsable al consorcio Gasoducto Sur Peruano S.A., del cual formaba parte Enagás.

El Gasoducto fue licitado en 2014 en el gobierno de Ollanta Humala.