Procuradora general insiste con retirar al procurador del MTC

Desde que fue designada procuradora general, el 25 de febrero último, María Caruajulca ha centrado todos sus esfuerzos en alinear los intereses del gobierno de Pedro Castillo a los de su sector. Perú21 informó, por ejemplo, que Caruajulca no le formuló ninguna pregunta al mandatario durante su interrogatorio fiscal, pese a que se le imputa encabezar una organización criminal. Pero hay un caso particular que en los últimos días viene tomando su inusitada atención.

La titular de la Procuraduría General del Estado (PGE) quiere retirar del cargo al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Ortiz. Y no porque este haya cometido alguna infracción o irregularidad, sino por haber corroborado información a este diario sobre una conciliación que trataron el prófugo exministro Juan Silva –amigo del mandatario–, y el detenido empresario Zamir Villaverde.

En otras palabras, el defensor del Estado puede ser destituido por revelar más actos de corrupción de la administración castillista.

El aporte de Ortiz consistió en confirmar que la conciliación sí existió e implicaba al Consorcio Puentes del Norte, que pretendía que el MTC restaure un contrato anulado por incumplimientos que le permitiría a la empresa continuar con la construcción de 19 puentes en Puno a cambio de más de 163 millones de soles.

El diálogo de Silva y Villaverde es del 4 de noviembre del 2021. En él, el segundo le mencionó al exministro la importancia que tenía el procurador en el trámite y le refirió que ello vendría con un “pago” de por medio.

“Sale la conciliación, don Juan (Silva), ahí tenemos también un panorama (...) a ver si usted me da una manito, solamente es para que la carta me diga usted si está bien o no, llegamos a una conciliación (...) la empresa ya empieza a hacer los puentes pues, don Juan. Este, mire, en la primera que vamos a cobrar es ya mañana”, expresó Villaverde.

El procurador Ortiz aclaró aquella vez que la propuesta del privado fue rechazada porque ponía en “desventaja” al Estado. Anular la resolución del millonario contrato significaba perdonar el incumplimiento contractual y las eventuales penalidades que se debían aplicar al consorcio.

Una obsesión

Perú21 conoció que en las últimas tres sesiones del consejo directivo de la PGE, María Caruajulca ha puesto como único punto de agenda votar por la salida de David Ortiz.

En la última reunión, realizada el lunes, la procuradora alegó que Ortiz no cumple los requisitos para ser procurador público porque no tendría los ocho años de experiencia mínimos de la profesión que estipula el decreto legislativo 1326.

Un argumento parecido al que usó el premier Aníbal Torres, cuando era ministro de Justicia, para sacar al exprocurador general Daniel Soria. Quieren repetir el despido político.

No obstante, de acuerdo a las fuentes consultadas, el representante de la Contraloría, Luis Iglesias, se opuso a ese argumento al advertir que Ortiz fue designado bajo el decreto legislativo 1068, donde la exigencia era tener cinco años mínimos de experiencia.

Esa postura, según las fuentes, molestó a Caruajulca, quien le dijo a Iglesias “no deberías defender a ese señor”.

Los informantes indicaron, además, que el representante del Ministerio de Justicia, Ramón Alcalde, sugirió consultar este caso a Servir, entidad que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que maneja Aníbal Torres. La propuesta fue respaldada por la titular de la PGE, quien convocó a nueva sesión del consejo para el lunes 4 de julio.

La Defensoría del Pueblo también entró a tallar en el tema. Ayer envió un oficio a la PGE requiriendo detalles sobre la evaluación del perfil técnico que ha abierto a David Ortiz.

Y es que, en un comunicado, la Procuraduría General indicó que está analizando los requisitos para la designación de Ortiz invocando el decreto legislativo 1326.

En esa línea, la Defensoría alertó que para aplicar esa norma a un procurador designado mediante el decreto 1068 se debe implementar un proceso de evaluación general. Es decir, la PGE no debe evaluar únicamente a Ortiz sino a todos los procuradores nombrados bajo esa ley.

Tenga en cuenta

-Desde que David Ortiz es procurador del MTC, se logró evitar que el Estado desembolse cerca de S/800 millones al ganar arbitrajes frente a empresas contratistas.

-De ese monto, S/416 millones se ganaron a compañías del Club de la Construcción.

-Pedro Castillo es sindicado de encabezar una red criminal que se enquistó en el MTC para repartirse obras públicas.

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