El analista político y columnista de este diario Iván Arenas conversó con Perú21TV para analizar el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte.
¿Qué destacarías del mensaje de la presidenta?
Yo creo que hay 3 momentos. La primera es en el que ella responsabiliza al gobierno de Pedro Castillo en el que ella ha sido parte. La segunda es la propuesta por la inversión pública. Ha hablado de temas importantes como la fiscalización que le va a pedir al Congreso para que le dejen legislar con respecto a la seguridad ciudadana. Creo que la autoridad nacional de infraestructura o las asambleas público-privadas. Desde el punto de vista estatal no se ha quedado atrás. Pero en un tercer punto, la inversión privada que representa un 80% de la inversión nacional, se ha quedado corta. Yo creo que este gobierno enfrenta un desafío inmenso que es la reducción de la pobreza y la generación de empleo. Si no se reactiva la inversión privada, básicamente los motores de la economía que son la economía moderna y la agroindustria, creo que estamos camino a un 2026 muy polarizado con un aumento de pobreza. La presidenta debió ser más enfática en cuanto a la inversión privada y a la minería moderna que genera muchos puestos de trabajo pero además representa del 60% del comercio. Ahí se ha quedado corta y es un mensaje deslucido en ese sentido.
En cuanto a la inversión minera, cómo se pasa de la exploración a concretar proyectos de minería que sean respaldados de manera seria y beneficien al país?
En la inversión en exploraciones mineras recién está subiendo. Es muy alentador lo que dice la presidenta pero nos quedamos cortos. Se necesida reducir algunos trámites. El Estado pide muchas condiciones cuando la exploración no genera ningún tipo de impacto negativo. Se pide certificaciones o instrumentos socioambientales que son difíciles. Pueden cumplir pero los plazos se extienden. Para hacer un proyecto de exploración, demora cerca de 10 años. Casi todo el mundo en el sector minero va adecir que ls plazos se extienden para dar certificaciones, por lo que deben reducirse. Esto no contempla en ningún momento flexibilizar los estándares que las empresas mineras cumplen.
El sector minero tiene dos grandes retos: el primero es la conflictividad social al rededor que los proyectos mineros. El segundo es la excesiva permisología que existe en el Gobierno. La presidenta no apuntaló bien porque la inversión privada es importante en este país, pero somos un país principalmente minero y no es difícil de entenderlo. Justamente donde se ha aumentado la pobreza, hay proyectos mineros que de funcionar, podrían generar dinero y empleo de calidad para todas las regiones. Es el caso de Tía María o Cajamarca.
¿Cree que Boluarte no haya abordado el tema minero para que no explosionen más los conflictos sociales?
El gobierno no está haciendo un diagnóstico de la conflictividad social. Aquí se existen conflictos sociales al rededor de los proyectos mineros y usualmente se les da legitimidad a estos conflictos sociales que muchas veces no son conflictos sociales y tienen otra lógica: rentista o de beneficiar directamente a algunos stakeholders o a algunos asesores y abogados que son expertos en generar conflictos. Es muy difícil que las empresas estén atentando en contra del ambiente, porque las empresas mineras modernas tienen una dinámica distinta. Cotizan en bolsa, tienen que cumplir estándares normativos nacionales e internacionales. El Gobierno se equivoca en el diagnóstico. Un sector cree que no mencionando la minería no se van a agudizar.
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