El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional rechazó hoy aplicar en favor del Partido Nacionalista la Ley N° 32054, recientemente promulgada por el Ejecutivo, e impulsada por el Congreso, para excluir a los partidos políticos de responsabilidad penal.
David León, abogado de la organización política liderada por Ollanta Humala, requirió en el juicio sobreseer (archivar) la acusación contra su cliente alegando que la nueva norma estipula que los partidos solo pueden ser sancionados administrativamente y no de forma penal.
“Esta es una ley retroactiva, corresponde sobreseer la causa, invoco el derecho a no ser procesado sobre el cual ya no compete a la justicia penal sino al régimen sancionador”, expresó en la audiencia.
El fiscal Germán Juárez, sin embargo, aclaró que esa ley no concluye que los partidos no puedan ser procesados penalmente, sino que se hacen precisiones sobre las sanciones administrativas.
“En ningún momento se lee que los partidos investigados serán eximidos de acción penal en estos casos, por ningún lado dice que por estos actos no son replimibles por determinados hechos, solo dice para efectos de las sanciones se aplique el régimen sancionador”, alegó Juárez.
Tras escuchar ambas posturas, la jueza Nayko Coronado acogió los argumentos del Ministerio Público.
“El texto (la ley) está referido a un ámbito específico de consecuencias jurídicas en relación a responsabilidad administrativa de personas jurídicas y no así de un tema específico de modificatoria de algún artículo del Código Procesal Penal”, expresó Coronado.
Eso sí, la magistrada indicó que las partes podrán impugnar el criterio al final del proceso, cuando se realice la interpretación de la norma en la sentencia. En otras palabras, el debate sobre la aplicación de la ley se realizará más adelante.
“Emitir un pronunciamiento de fondo significa adelantar una situación que todavía no está en el ámbito del trámite propio de este juicio”, expresó.
El Partido Nacionalista, junto a Humala y su esposa Nadine Heredia, son acusados de la recepción de dinero ilícito para financiar la campaña presidencial del 2011.
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