Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. (Foto: GEC)
Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. (Foto: GEC)

Laaceptó la solicitud de reprogramación presentada por el equipo legal del presidente y fijó como nueva fecha el próximo viernes 17 a las 10:00 a.m. para llevar a cabo el interrogatorio. Así lo dio a conocer Benji Espinoza, abogado del mandatario, a Perú21.

La defensa de Castillo está a la espera de la audiencia del miércoles 15, donde el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria escuchará ambas exposiciones para definir si efectivamente se vulneró las garantías constitucionales en el proceso penal que se le sigue al jefe de Estado.

Según comentó Espinoza, se ampara en el artículo 117° de la Constitución Política para reclamar que la Fiscalía de la Nación no puede investigar al presidente Castillo.

Esta posición se condice con lo expresado hoy por el presidente en una entrevista con el canal del Estado. Ya que pide que las autoridades “demuestren” su culpabilidad, pero legalmente acude a diferentes instancias para frenar la investigación en su contra.

“Si alguna vez la autoridad me demuestra que he robado un centavo, yo seré el primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia, pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones”, dijo Castillo.

El 29 de mayo, el titular del Ministerio Público Pablo Sánchez dispuso incorporar a Pedro Castillo a la investigación preliminar que sigue contra el exministro de Transportes Juan Silva y 6 congresistas de Acción Popular, denominados como ‘Los Niños’. Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Entre sus argumentos, la Fiscalía dio cuenta de indicios razonables de la presunta participación el presidente en delitos de corrupción de funcionarios que habrían sido cometidos dentro del plan delictivo de una organización criminal que se habría enquistado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En el marco de este caso, el Poder Judicial dispuso el impedimento de salida del país por 36 meses para Juan Silva, mientras a los legisladores Raúl Doroteo y Darwin Espinoza fue 9 meses. Asimismo, desde el 3 de junio, Silva está prófugo ante un pedido de prisión preliminar por 15 días.

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