Hugo Ángel Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, se reunió en Palacio con Pedro Castillo y Karelim López. (Fotos: GEC/Petroperú)
Hugo Ángel Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, se reunió en Palacio con Pedro Castillo y Karelim López. (Fotos: GEC/Petroperú)

El dictó una orden de impedimento de salida del país por un plazo de 8 meses contra el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, así como y Samir Abudayeh, entre otros, como parte de las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción en la licitación para la compra de biodiesel.

El juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado Anticorrupción, dictó esta medida tras considerar que hay suficientes indicios de hechos con apariencia delictiva tras las diligencias contra los funcionarios de y empresarios vinculados a Karelim López.

La medida alcanza al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, los empresarios Samir Abudayeh y Karelim López, así como a Musalim Jorge Abusada Sumar, Gunther Documet Celis, Roger Daniel Liy Lion, Carlos Alberto Siles Chehade y Gregorio Sánchez Moya.

Resolución dicta impedimento de salida del país contra Karelim López y el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, entre otro.
Resolución dicta impedimento de salida del país contra Karelim López y el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, entre otro.

A todos se les dictó ocho meses de impedimento de salida del país, tal y como solicitó la fiscalía que investiga el presunto delito de colusión simple y alternativamente el de negociación incompatible en agravio del Estado.

La resolución judicial publicada este viernes 4 de febrero detalla que los hechos investigados son un supuesto favorecimiento en la licitación a favor de la empresa en la adjudicación para la compra de biodiesel B100 en el mercado local para el periodo enero-abril 2022.

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Para el juzgado, las reuniones que mantuvo Samir Abudayeh con Karelim López, Hugo Chávez y en Palacio de Gobierno antes de la convocatoria y licitación en el mes de octubre del 2021, así como irregularidades detectadas en el proceso que finalmente fue anulado son suficientes para considerar que hay indicios de delito.

“Este juzgado concluye que los hechos postulados por el Ministerio Público revisten apariencia delictiva y se encuentran debidamente sustentados conforme al estadío de diligencias preliminares”, detalla el documento del Poder Judicial.

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