Tres años después de ser rechazada, el Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que autoriza la reducción del capital mínimo requerido a las empresas que transportan minerales por las carreteras del país.
La norma se da como parte del pedido de facultades solicitadas por el Gobierno y fue propuesta por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones (SBS), en su pretensión de fomentar una mayor competencia en la prestación de este servicio de transporte y custodia de dinero.
El dictamen autoriza la reducción del capital mínimo requerido a las empresas de transporte, custodia y administración de numerario (ETCAN) que sirven a las empresas supervisadas por la SBS.
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Hermes y Prosegur son actualmente las únicas dos empresas autorizadas por esta entidad que brindan este servicio, en el que está incluido el transporte de minerales, y operan luego de haber acreditado tener un capital mínimo de casi 18 millones de soles exigido como requisito.
Con el proyecto la SBS busca que con la reducción de este capital se impulse la competencia en el mercado de las ETCAN y el ingreso de más empresas, lo que permitirá la disminución de costos generando mayores eficiencias productivas.
La SBS basó su solicitud señalando que los servicios brindados por estas empresas son costosos para las entidades financieras y del Estado, reconociendo, además, que el capital mínimo que se exige a estas empresas representa uno de los más altos de la región, en algunos casos hasta más de 500 veces mayor.
La propuesta fue presentada al Congreso en 2021, pero no prosperó.
GENERA SUSPICACIAS
Si bien la aprobación de esta norma fue impulsada por la SBS y ampliaría las opciones de transporte, se advierten riesgos que podrían presentarse en el traslado de minerales como el oro y que podrían ser aprovechados por las organizaciones criminales para facilitar el traslado del oro ilegal.
El especialista en minería y columnista de este diario Iván Arenas se mostró reticente ante este dictamen, pues si bien favorecería al minero informal, también beneficiaría al ilegal.
“El problema es que ahora existe una informalidad, ilegalidad e inseguridad en toda la cadena del oro incluyendo el transporte y la comercialización del oro. El detalle es que el tema no resuelve la informalidad y la ilegalidad porque es un problema estructural, no solo de comercialización”, explicó el también analista político.
“No obstante, el transporte del oro (en barras) se hace con empresas de seguridad especializadas que no llegan donde están las operaciones y las labores del pequeño productor artesanal. Hoy el oro se trae de cualquier forma con seguridad. El problema es de doble vía, pues, por un lado, beneficiaría al pequeño productor, pero deja libre la cancha para los ilegales”, dijo Arenas a Perú21.
César Ipenza, especialista en delitos ambientales, tampoco está convencido con este dictamen y señala que le deja la puerta abierta a la minería ilegal.
“Es sin duda un mecanismo de facilitación para el transporte de oro y que le baje las vallas de control de requisitos para transportar este mineral, que ya hemos visto la cantidad importante de oro que moviliza, y aprobar esta norma les va a facilitar el camino para ‘transportar’ oro, no necesariamente legal”, explicó en conversación con este diario.
El especialista mostró su desconfianza con este dictamen, pues, dijo, es una prueba más de las malas decisiones que salen del Congreso y que terminan beneficiando a la minería ilegal.
“Cada vez vemos cómo se evidencia la complicidad para facilitar actividades ilegales e informales como la minería ilegal, en desmedro de cualquier actividad formal. En esas condiciones de inseguridad jurídica, de normas que facilitan el camino para organizaciones criminales, dudo que podamos impulsar inversión seria y responsable”, dijo.
Hace unas semanas, Ipenza ya había cuestionado la decisión de la Comisión de Energía y Minas por aprobar un dictamen que establece otorgamiento de concesiones mineras en las zonas de pequeña minería artesanal de Madre de Dios y que debería llegar al Pleno para su debate y posible aprobación en la siguiente legislatura.
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