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El procurador anticorrupción, Christian Salas, demandó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, abrir todas sus cuentas y de entidad regional para facilitar las investigaciones que realiza la Fiscalía, tras formalizarse una denuncia penal preparatoria en su contra por delitos de corrupción.
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"(Gregorio) Santos como presidente regional y funcionario público está en la obligación de ser transparente, de abrir todas sus cuentas y de facilitar el desarrollo de la investigación a efectos de que todos estos hechos se esclarezcan", manifestó en declaraciones a la agencia Andina.
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Salas dijo que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios notificó a su despacho el inicio del proceso penal contra Santos Romero y otros funcionarios por presuntas irregularidades y actos de colusión en la adjudicación de 11 obras por un monto de S/.130 millones.
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El procurador anticorrupción remarcó que la Fiscalía encontró indicios suficientes de irregularidad y hechos delictivos en los procesos de licitación mencionados en base a un informe de la Contraloría sobre la materia.
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"Y todos los investigados, incluido, Santos tienen que coadyuvar, permitir que los actos de investigación se desarrollen normalmente, sin ningún tipo de presión", agregó.
Informó que una vez que la Procuraduría Anticorrupción se constituya en el proceso pedirá la reparación civil correspondiente. "Vamos a ver qué medidas coercitivas solicitamos", anotó.
Asimismo, aseveró que colaborarán, como parte interesada, en todo lo que sea necesario para dotar de mayor valor probatorio al proceso "y llegar a un juicio con bastante sustento a efecto de evitar una posible absolución o nulidad del mismo", anotó.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso formalizar y continuar una investigación penal preparatoria contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, funcionarios de dicha región y contratistas del Estado.
La decisión del Ministerio Público se adoptó en base a resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el citado gobierno regional.
El viernes, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva para cinco personas comprendidas en las investigaciones, entre funcionarios del gobierno regional de Cajamarca y proveedores de sede regional.
