La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión contra Benítez por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento real y violencia y resistencia a la autoridad. (Foto: Peru21.pe)
La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión contra Benítez por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento real y violencia y resistencia a la autoridad. (Foto: Peru21.pe)

Heriberto Benítez, excongresista de la República e investigado por el caso La Centralita, fue contratado en el cargo de asesor jurisdiccional III del gabinete de asesores jurisdiccionales del (TC) a través de una resolución firmada por el presidente de dicha institución, Francisco Morales Saravia.

La norma precisa que se trata de un cargo de confianza y que la contratación es efectiva desde hoy 11 de enero precisando, además, que se realiza el amparo de la Ley Nº 31419 que “establece los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción”.

Heriberto Benítez, se recuerda, ha sido abogado del hoy inquilino del penal de Barbadillo, el expresidente Alejandro Toledo, pero, además, está acusado de una serie de presuntos delitos por el caso La Centralita.

El Ministerio Público acusa a Heriberto Benítez de haber interferido en el allanamiento a un local en Chimbote, región Áncash, donde en los años 2007 y 2014 se realizaron campañas en contra de los opositores al entonces gobernador regional César Álvarez, sindicado como el cabecilla de una organización criminal.

La Fiscalía por este caso ha pedido 30 años de prisión contra el exparlamentario por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento real y violencia y resistencia a la autoridad.

El magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse precisó en Canal N que esta decisión corresponde exclusivamente al titular de la entidad Francisco Morales Saravia por tratarse de un cargo de confianza.

“La verdad es que yo también me he enterado por los periódicos y las noticias, es una decisión administrativa del titular de pliego porque es un cargo de confianza; entiendo que debe haber cumplido los requisitos porque todos los cargos tienen un clasificador”, comentó y añadió que la próxima semana en sesión del Pleno del TC pedirá más información al respecto.

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