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Redacción PERÚ21

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Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com

Es precisamente la amplitud de la delegación solicitada lo que ha generado las reacciones adversas tanto de algunas bancadas del Congreso como de los más destacados especialistas en temas de orden interno y seguridad nacional.

Nadie desconoce la importancia –y la urgencia– de proceder a una reforma profunda de la carrera militar y, especialmente, de la policial; o la conveniencia de establecer un régimen remunerativo acorde con la responsabilidad que se debería exigir de nuestros militares y policías. Tampoco la propuesta de crear una central de compras para la defensa nacional, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa con el uso más eficiente de los recursos públicos, puede ser objetada en sí misma. Menos aún la necesidad de reestructurar el régimen pensionario, imposible de atender, sin permanentes desembolsos del Tesoro Público, por la desmantelada Caja de Pensiones Militar-Policial.

Pero todo ello en un mismo paquete, al que se le añaden asuntos tan delicados como la participación de los institutos armados en el control del orden interno, es decir, en la lucha no solo contra la subversión sino contra el narcotráfico y el contrabando (en el punto dos de la solicitud se habla expresamente de la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de apoyo a la Sunat, Aduanas e Inrena), parece demasiado para dejarlo en manos de un grupo de asesores, seguramente encabezados por Adrián Villafuerte, de cuyas buenas intenciones no hay por qué dudar, pero a quienes no corresponde, en una democracia, decidir por sí y ante sí sobre temas tan delicados.

El debate sobre esos temas debe ser público y transparente, y su resultado, producto de un indispensable acuerdo político que le otorgue viabilidad y estabilidad a la reforma.