A través de un proyecto de ley presentado ante el Congreso, la ONPE planteó distribuir el financiamiento público directo a los partidos políticos y a alianzas con representación parlamentaria, para formar y capacitar a sus cuadros y cubrir sus gastos de funcionamiento ordinario.
La iniciativa, denominada Ley de Organizaciones Políticas, propone mantener el financiamiento público a los partidos –vigente, pero no otorgado– a fin de que estos reciban un apoyo económico estatal para invertir en actividades de formación, capacitación e investigación.