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Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com
Por esa razón, en diversas épocas y culturas se establecen disposiciones para solucionar los conflictos de intereses de un modo ordenado y razonable, evitando la confrontación directa.
Sin embargo, en el Perú no hemos logrado todavía establecer esas disposiciones para algo tan elemental como el transporte público a través del servicio de taxis.
Ahora, la Municipalidad de Lima Metropolitana parece dispuesta a tomar cartas en el asunto, anunciando una renovación gradual del parque automotor para que a partir del año 2014 dejen de prestar el servicio los vehículos con más de quince años de antigüedad.
La Gerencia de Transporte Urbano del municipio añade (para tranquilizar a los afectados) que simultáneamente se brindarán facilidades a los conductores para renovar sus unidades.
La iniciativa es, sin duda, encomiable y tiene la virtud de poner el tema en agenda, pero –según cifras de la misma entidad municipal– hoy tenemos en Lima 250 mil taxis, cuando solo se necesitarían 85 mil.
¿Qué hacer (en el supuesto de que salgan de circulación los aproximadamente 45 mil que tienen más de 15 años de fabricación) con esos 100 mil vehículos sobrantes? Se anuncian programas especiales para formalizar taxistas. ¿No hubiera sido mejor comenzar por allí?
Ya sabemos que la tarea no es fácil y que no se resolverá de la noche a la mañana, pero la falta de "profesionalismo" de los hombres del volante en una ciudad cuyo índice de muertes por siniestralidad en el tránsito es de los más altos del continente parece indicar que las prioridades están en otra dirección.
Formalizar, instalar taxímetros, restringir el acceso a determinadas zonas de la ciudad, fiscalizar y sancionar, resultan tareas más urgentes. ¿Por qué no emprenderlas de una vez?
